El Ministro de Economía y Competitividad no atiende a los representantes de 1.500.000 de profesionales liberales de España
LOS ARQUITECTOS ESPAÑOLES manifiestan, en relación con el ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES, (LSCP) que:
• La Edificación debe mantener su marco legislativo sectorial propio, la Ley de Ordenación de la Edificación, que articula un sistema consolidado de garantías para los ciudadanos y no debe modificarse en una ley generalista, como es la LSCP.
• El ejercicio profesional de la Arquitectura conlleva una gran responsabilidad y precisa, para la garantía pública y la seguridad de bienes y personas, de un control que llevan a cabo
los Colegios de Arquitectos.
La Edificación es un sector fundamental para la economía, en el que colaboran diferentes profesionales técnicos, cada uno en el
ejercicio de sus competencias sus responsabilidades están definidas en la Ley de Ordenación de la Edificación, L.O.E., aprobada en 1999 con el consenso de todos los agentes intervinientes.
La Arquitectura está reconocida como una actividad específica, de interés general, con incidencia en el patrimonio construido, el
entorno urbano, el medio ambiente y, en definitiva, en el bienestar de los ciudadanos.
Se construye para ser habitada por personas, forma parte de una ciudad o de un paisaje y es patrimonio de una sociedad que convivirá con ella durante décadas.
La formación de la Arquitectura, establecida por la Unión Europea y reconocida por la UNESCO, tiene una lógica disciplinar y
académica propia. Así, ambas instituciones han precisado con detalle los conocimientos que deben cualificar al arquitecto.
El ejercicio profesional de la Arquitectura en España se basa
en una estructura productiva de PYMES y autónomos, cercana al ciudadano, eficiente y muy competitiva. Genera empleo de alta cualificación que añade valor al sector de la edificación y tiene
reconocimiento internacional.
Los Colegios de Arquitectos son corporaciones de derecho público, establecidas y garantizadas por la Constitución. Desarrollan
funciones de control, garantía pública, ordenación y regulación del ejercicio profesional, e informan al ciudadano sobre actividades que tienen repercusión en la seguridad física o jurídica de personas y bienes.
Son una parte fundamental de nuestra sociedad civil, sin coste para los ciudadanos ni para el erario público y, desde
esta independencia, fomentan la competitividad basada en la
calidad y la seguridad.
Los arquitectos consideran que algunas disposiciones, poco meditadas, incluidas en el Anteproyecto de Ley
pueden causar graves daños a la Arquitectura española.
web cscae: http://www.cscae.com/
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